DNCP obliga a confirmar que oferentes no son funcionarios

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) promulgó una resolución que dispone que las entidades compradoras deben confirmar que los oferentes no son funcionarios públicos, es decir que no son afectados por la prohibición de los incisos a y b del artículo 40 de la Ley 2.051/03.

Como un nuevo mecanismo de blindar la transparencia en las compras públicas y asegurar la condición legal de los oferentes, a raíz de publicaciones periodísticas de este diario donde se constataron adjudicaciones ilegales a funcionarios del Estado, la DNCP aplica otra exigencia.

Los funcionarios públicos están inhibidos de proveer al Estado según el artículo 40 de la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas. Así también el artículo 60 de la Ley 1.626 de la Función Pública prohíbe que los asalariados del Estado tengan negocios asociados a contrataciones públicas.

Sin embargo existe una gran cantidad de funcionarios públicos dedicados a proveer, actividad que es ilegal para los empleados del Estado, según lo manifestó en su momento el ministro de la Función Pública, Humberto Peralta.

Este diario confirmó que existen licitaciones de gran escala donde empleados del Estado facturan millones de dólares.

El caso del ingeniero Héctor Maluf, asesor del presidente de ANDE, es un ejemplo. El mismo forma parte de una consultora que en los últimos 4 años facturó USD 7,7 millones al Estado, incluso dejaba de ir a su oficina para atender los negocios de su firma.

Exigencias. A partir de ahora las entidades públicas compradoras deberán constatar en primer lugar que el oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2.051/03 que se incluye como formulario en los documentos del llamado, según reza pate de la resolución de la DNCP.

También se establece una investigación previa en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH) y en la Secretaría de la Función Pública para que las instituciones puedan asegurarse de que los oferentes no son sujetos de la prohibición de la Ley 1.626.

Los comités de evaluación de las entidades compradoras están obligados a proceder con las averiguaciones pertinentes y rechazar en caso de detectar que los oferentes están afectados por las prohibiciones citadas

Desde la DNCP también informaron que no expedirán los respectivos Códigos de Contrataciones que son documentos que avalan los procedimientos de compras para el pago correspondiente.


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